A partir de una acción de protesta del FDCCh ante la delegación de la Secretaría de Agricultura en Chihuahua -demandaban recursos emergentes para la para la siembra de maíz y la entrega inmediata de los recursos del Procampo-, la dependencia presenta una rutinaria denuncia de hechos ante la PGR. Los propios denunciantes se sorprenden de la celeridad con que se liberan las órdenes de aprehensión, en menos de tres semanas, y de la tipificación del delito que hace el Ministerio Público: "sabotaje".
El propio Ministerio Público hace economía de cualquier evidencia pericial. De ninguna manera fundamenta ni a) que se produjo un daño a los servicios públicos del país, ni b) que se hizo con la intención de "trastornar la vida económica del país", elementos que constituyen el delito de sabotaje, según el artículo 140 del Código Penal Federal. Y si sorprende que la PGR no fundamente su acusación, sorprende más todavía que la juez décima de distrito obsequie sin más requisito las órdenes de aprehensión.
En el farragoso e inconsistente alegato del agente del Ministerio Público se cita la jurisprudencia para fundamentar el delito de sabotaje. Y se acude, nada menos, que ¡al expediente integrado contra los líderes del movimiento ferrocarrilero de 1959! O sea, que el Ejecutivo, encabezado por Calderón, aliado con el Poder Judicial, ha hecho lo que parecía imposible: resucitar con otro nombre el viejo delito de "disolución social", instrumento del autoritarismo para reprimir y aplastar a disidentes, como los ferrocarrileros, los médicos de mediados de los años 60 y los activistas del movimiento del 68.
Y hace notar que:
La práctica social dice lo que muchos discursos ocultan: mientras el calderonismo aplica toda la fuerza del Estado para criminalizar a la disidencia social, la delincuencia organizada ejecuta, impone, desgobierna.
Este delito de Disolución Social ha servido para encarcelar a los llamados presos políticos o como se les llama actualmente presos de conciencia:
Iniciativa de Ley para prevenir los delitos de disolución social.
Cuando en 1941, Alemania, Italia y Japón se unían para formar la cortina militar llamada el Eje Berlín-Roma- Tokio, se celebraba en la ciudad de Santiago de Chile, el Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología, donde México contrajo una serie de compromisos para modificar su código penal, en aras de cumplir con los acuerdos para proteger las soberanías nacionales de América Latina. Así el delito de disolución social fue tipificado como una falta grave del fuero federal, que tenía que castigarse con prisión o multas económicas elevadas. Por iniciativa del presidente Manuel Ávila Camacho el 9 de septiembre de 1941 se llevó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley sobre los delitos de disolución social donde figuraba el espionaje por parte de empleados y funcionarios del gobierno federal.
Esta herramienta del estado se usó para convertir en delincuente a prácticamente cualquier disidente en el pasado. Y ahora está de vuelta. ¿Qué se puede hacer? Continuan las investigaciones...
