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Cártel del Golfo compra silencio de reporteros en Tamaulipas
La redacción
MÉXICO, DF, 11 de marzo (apro).- El poderoso cártel del Golfo paga a periodistas del norte del país para que actúen como espías y disminuyan la cobertura de las ejecuciones cerca de la frontera con Estados Unidos, denunciaron editores y reporteros.
Según un despacho de la agencia Reuters, los sicarios en la frontera con Texas pagan unos 500 dólares al mes a los periodistas y les obsequian licor y prostitutas para que intimiden y silencien a sus colegas de radios y periódicos cerca del área de Laredo y Brownsville.
Hace unas tres semanas comenzó una “guerra” por territorios alrededor de la ciudad industrial de Reynosa, pero la violencia casi no ha sido reportada pese a que ha habido más de cien muertes, en un bloqueo noticioso hecho evidente por la intensa cobertura de eventos similares en otras regiones del país.
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Por años, reporteros mexicanos mal pagados han sido obligados a veces por sicarios a aceptar dinero para escribir favorablemente sobre los traficantes o no reportar las ejecuciones, pero el cártel del Golfo parece ser capaz ahora de silenciar casi del todo los reportes sobre la violencia en la zona.
Algunos periodistas de diarios como El Mañana y La Prensa argumentan que tienen poca elección.
"Nuestras redacciones han sido infiltradas por esos reporteros, monitorean lo que escribimos, saben dónde vivimos. Con este sistema, los narcos tienen un control directo sobre nosotros", denunció el editor de un diario local que pidió el anonimato para proteger su seguridad.
Muchos de los periodistas a sueldo no lo ocultan y se les ve llegar a conferencias de prensa en costosos vehículos todo-terreno, acompañados de hombres armados, frecuentemente para evitar que se divulguen noticias sobre asesinatos.
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Ante el bloqueo informativo, los residentes de Reynosa y sus alrededores han recurrido a las redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, donde suben videos y reportan actividades sospechosas en un intento por informar del brote de violencia.
"Uno de los derechos humanos fundamentales ha sido arrebatado en esta parte de México y el gobierno federal no dice nada", acusó el especialista Alberto Islas, en la Ciudad de México.
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En tanto los políticos admiten que el cártel del Golfo, que controla un tercio de los envíos de drogas a Estados Unidos, mantiene su “guerra” contra Los Zetas lo más calladamente posible para evitar un despliegue del Ejército que interrumpa sus operaciones.
Calderón ha desplegado miles de soldados y policías federales en varias regiones del país donde opera el narcotráfico, pero en la zona de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, su presencia es relativamente escasa.
"El mensaje del cártel del Golfo es: ‘aquí no pasa nada’. Los sicarios incluso recogen sus muertos después de las balaceras para que no haya evidencia de lo que está pasando", reveló un regidor de la comunidad de Río Bravo, cerca de Reynosa.
Y en derechos humanos, organismos internacionales ya
empiezan a hablar acerca de uno de los problemas:
La CNDH no puede imponer penalizaciones o castigar a los oficiales del gobierno que cometen abusos. En lugar de ello, deben llamar a otras instituciones para que ejecuten la sanción, ya sea a travéz de la persecución crimilan o procedimientos administrativos, o ambos. Si ésas instituciones fallan en su cometido, la CNDH habrá fallado en alcanzar uno de sus objetivos más fundamentales: garantizar el derecho a la víctima del abuso a una solución.
Por lo tanto, la CNDH debe de hacer todo lo que pueda para asegurarse que ésas instituciones cumplan su obligación para solucionar las violaciones a los derechos humanos que se documentan. Después de documentar los abusos y dar recomendaciones para su solución, los oficiales de la CNDH abandonan muchos casos. Cuando las instituciones estatales correspondientes fallan en implementar sus recomendaciones, la CNDH frecuentemente permanece en silencio.
